El Gobierno marroquí prepara un decreto para facilitar proyectos de electricidad renovable.

El Gobierno de Marruecos trabaja en un nuevo proyecto de decreto destinado a simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos para facilitar la inversión en instalaciones de producción de electricidad a partir de energías renovables, en aplicación de la ley 13-09 modificada por la ley 40-19.

El proyecto de decreto, actualmente publicado para consulta pública, establece un sistema preciso de autorizaciones administrativas para la construcción, ampliación y explotación de plantas de generación eléctrica con fuentes renovables. Asimismo, introduce medidas de transparencia, como la publicación de la capacidad disponible del sistema eléctrico nacional para los inversores.

Entre las principales novedades figura la exigencia de garantías financieras de 10.000 dirhams por megavatio, con un máximo de diez millones de dirhams por proyecto. Esta medida busca asegurar la seriedad de los inversores y garantizar que los proyectos se ejecuten dentro de los plazos previstos.

El texto también prevé la creación de una comisión técnica especializada encargada de estudiar las solicitudes de autorización. Esta comisión estará integrada por representantes de los sectores de transición energética, el Ministerio del Interior y los gestores de la red eléctrica, y se ocupará de analizar los expedientes técnicos y verificar su conformidad con las normas nacionales.

Asimismo, el decreto introduce el principio de preferencia nacional, obligando a los promotores de proyectos a recurrir a empresas y recursos humanos locales y a promover la transferencia de tecnología. Los inversores deberán presentar además un plan detallado para reforzar el contenido local y generar valor añadido para la economía nacional.

El documento regula también la exportación de energía verde, estableciendo una tasa anual para las instalaciones destinadas a exportar electricidad, calculada según el volumen de producción. Además, los exportadores deberán presentar informes mensuales sobre las cantidades de electricidad enviadas al exterior y su valor económico.

Por otra parte, el texto establece un sistema riguroso para la reserva de capacidad en la red eléctrica nacional. La concesión de una autorización de construcción supondrá una reserva temporal de dicha capacidad, que se convertirá en definitiva una vez obtenida la autorización de explotación.

Finalmente, el proyecto obliga a los operadores a presentar informes anuales sobre el impacto ambiental de las instalaciones y los datos reales de producción, además de notificar cualquier incidente técnico que afecte a la seguridad en un plazo máximo de 24 horas.

Publicado el : 11 de marzo de 2026

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