La investigación de Ayotzinapa da un giro político de alto impacto.

La detención de Ángel Aguirre abre una nueva etapa en la investigación del caso Ayotzinapa

El arresto del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero supone un cambio relevante en las pesquisas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por presuntamente haber participado en el ocultamiento de grabaciones de seguridad que podrían contener información clave sobre lo sucedido en Iguala.

La investigación cobró un nuevo impulso en enero de 2026, después de la llegada de Ernestina Godoy a la dirección de la FGR. Un testigo colaborador confirmó entonces que las grabaciones existían y que funcionarios estatales habrían ordenado retirarlas. Meses más tarde, un segundo testimonio atribuyó directamente al exmandatario la instrucción de eliminar ese material.

Aguirre, antiguo integrante del PRI y del PRD, pasó así de declarar como testigo a ser investigado formalmente. Actualmente enfrenta acusaciones por obstrucción de la justicia y desaparición forzada, aunque será el proceso judicial el que determine su eventual responsabilidad.

Durante casi doce años, el político había quedado al margen de las imputaciones pese a gobernar Guerrero cuando ocurrieron los hechos. Incluso participó en reuniones relacionadas con el caso durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y compareció ante la Fiscalía en 2019 sin que se presentaran cargos en su contra.

Su detención también adquiere una dimensión política, ya que se produce en un Estado que celebrará elecciones en junio de 2027. Además, llega pocas semanas antes del duodécimo aniversario de la desaparición de los normalistas y en medio de la controversia generada por una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la actuación del Ejército en el caso.

Publicado el : 7 de agosto de 2026

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