Finanzas estrecha el cerco sobre las empresas que intentan acceder a contratos públicos reservados a pymes.

La Inspección de Finanzas revisa las adjudicaciones reservadas a pymes en Marruecos

La Inspección General de Finanzas ha ampliado sus investigaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos públicos reservados a pequeñas y medianas empresas. Las revisiones afectan a operaciones gestionadas por 27 organismos y empresas públicas, así como por entidades dependientes de ellas.

Según fuentes conocedoras del proceso citadas por Hespress, las auditorías se han intensificado después de detectarse un aumento de casos en los que empresas fueron excluidas de concursos reservados a las pymes, llegando en algunos casos a perder sus garantías provisionales por no presentar dentro de los plazos establecidos la documentación necesaria para acreditar que cumplían los requisitos legales.

Las pesquisas no se limitan a examinar los expedientes de las empresas excluidas. Los inspectores también están analizando la actuación de los organismos contratantes y de las comisiones encargadas de abrir y evaluar las ofertas, con especial atención a la forma en que se verifica que una empresa reúne realmente las condiciones para beneficiarse del régimen reservado a las pequeñas y medianas empresas.

Las investigaciones habrían puesto además el foco en posibles intentos de empresas medianas y grandes de acceder a contratos destinados exclusivamente a las pymes mediante la presentación de información o documentos que no reflejarían de manera adecuada su situación jurídica, económica o financiera.

Parte de los casos analizados se originó a raíz de reclamaciones presentadas por empresas que fueron descartadas de los procedimientos de contratación. Estas compañías cuestionaron las decisiones de exclusión y alegaron que no se habían respetado todas las garantías previstas. Sin embargo, la revisión de algunos expedientes habría mostrado que determinadas exclusiones estuvieron relacionadas con documentación administrativa incompleta o con la falta de pruebas que acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Entre los documentos sometidos a comprobación figuran los relativos a la estructura de gestión y propiedad de las empresas, los certificados de volumen de negocio o balances emitidos por la Administración tributaria y los documentos expedidos por la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) para acreditar que el número de trabajadores permanentes se encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa.

Los inspectores también estudian la manera en que las diferentes comisiones de contratación distinguen entre errores administrativos que pueden ser subsanados y deficiencias consideradas esenciales y que justifican la exclusión de una oferta. La existencia de criterios diferentes entre distintos organismos públicos habría llevado a comparar los procedimientos utilizados para detectar posibles divergencias en la aplicación de las normas.

El marco regulador de la contratación pública, establecido por el decreto 2.22.431, contempla que el Estado y sus organismos destinen, con carácter general, un 30 % del importe previsto anualmente para la contratación pública a empresas nacionales pequeñas y medianas, incluidas las empresas innovadoras y emergentes, además de cooperativas, uniones de cooperativas y trabajadores autónomos.

Las investigaciones podrían desembocar en la elaboración de informes detallados sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones por parte de los organismos y empresas públicas sometidos a fiscalización.

El objetivo será identificar posibles deficiencias en la aplicación del sistema reservado a las pymes y determinar si existen mecanismos que permitan eludirlo. A partir de los resultados, podrían plantearse medidas correctoras destinadas a garantizar que los contratos públicos reservados lleguen efectivamente a las empresas para las que fueron concebidos y a limitar posibles prácticas fraudulentas o intentos de acceder indebidamente a estas adjudicaciones.

Publicado el : 14 de agosto de 2026

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