El Mansouri responde a la oposición y defiende la hoja de ruta del Gobierno marroquí.

El Mansouri defiende el programa gubernamental y reclama responsabilidad a los partidos políticos

La jefa del Gobierno marroquí, Fatima Ezzahra El Mansouri, defendió el jueves las prioridades del Ejecutivo para el periodo 2026-2031 durante una sesión parlamentaria marcada por las críticas de la oposición y el debate sobre la confianza ciudadana en las instituciones. En su intervención ante la Cámara de Representantes, la responsable gubernamental abordó cuestiones como la legitimidad electoral, el papel de los partidos y la necesidad de responder a las principales demandas sociales.

Uno de los ejes de la sesión fue el alejamiento de una parte de la población de la vida política. Las intervenciones pusieron de manifiesto las dudas existentes sobre la representatividad de los resultados electorales y la capacidad de las instituciones para responder a las expectativas de los ciudadanos. En este contexto, la credibilidad de las formaciones políticas y el comportamiento de sus representantes se situaron en el centro de la discusión.

En respuesta al Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), El Mansouri defendió que recuperar la confianza pública requiere una mayor responsabilidad de todas las fuerzas políticas. La jefa del Gobierno cuestionó la tendencia a atribuir los resultados electorales desfavorables a un trato injusto y criticó la estrategia de victimización. A su juicio, los partidos deben asumir las consecuencias de los resultados obtenidos y orientar sus intervenciones hacia propuestas concretas y compromisos políticos.

Uno de los momentos más destacados de la sesión se produjo cuando se dirigió al presidente del grupo parlamentario del PJD, Driss El Azami El Idrissi, con una expresión en darija cuyo sentido puede resumirse en que ese discurso ya no resulta convincente. La frase reflejó la tensión entre el Ejecutivo y una formación opositora que había cuestionado tanto el contenido del programa gubernamental como determinados aspectos del funcionamiento democrático.

Las normas electorales también centraron parte del intercambio. El Mansouri recordó que las distintas formaciones políticas, incluido el PJD, participaron en las consultas previas a la aprobación del marco regulador de las elecciones legislativas del 23 de septiembre. Según explicó, el Ministerio del Interior mantuvo abiertos los canales de diálogo con los partidos y las conversaciones permitieron alcanzar acuerdos sobre las reglas de la competición electoral.

A partir de estos antecedentes, la jefa del Gobierno cuestionó la coherencia de quienes aceptan las normas electorales cuando los resultados les benefician, pero las ponen en entredicho cuando no obtienen la representación que esperaban. Consideró que esta actitud puede debilitar la confianza en las organizaciones políticas y generar dudas sobre la legitimidad de las instituciones. Por ello, defendió el respeto a las reglas acordadas como una condición esencial para reforzar la credibilidad del sistema político.

La sesión incluyó asimismo referencias a presuntas irregularidades electorales. Sobre estos casos, El Mansouri sostuvo que cada situación debe analizarse de manera individual, sin extender automáticamente la responsabilidad a toda una formación. En relación con un supuesto caso de fraude electoral en Tánger, afirmó que se había adoptado una medida interna contra el miembro implicado, a la espera de una decisión judicial.

En cuanto a las prioridades del Ejecutivo, El Mansouri presentó el programa gubernamental como una hoja de ruta para los próximos cinco años, cuyo cumplimiento deberá medirse por sus resultados y por su impacto en la vida cotidiana. Entre los compromisos expuestos figuran la defensa del poder adquisitivo, la generación de empleo, el fortalecimiento de la educación y la sanidad públicas y la reducción de las desigualdades entre territorios.

La lucha contra la corrupción constituye otro de los apartados destacados del programa. Las medidas planteadas incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de integridad, la regulación de los conflictos de intereses, una mayor supervisión de los mercados públicos y disposiciones relacionadas con el enriquecimiento ilícito y la declaración del patrimonio. Estas iniciativas se enmarcan en las demandas de transparencia y rendición de cuentas formuladas durante el debate parlamentario.

En materia económica y social, el Gobierno prevé impulsar actuaciones para aliviar la presión del coste de la vida sobre los hogares y mejorar sus condiciones económicas. La hoja de ruta contempla ampliar progresivamente las ayudas sociales, introducir reformas fiscales destinadas a elevar los ingresos netos de los trabajadores y mejorar el acceso de la población a los servicios públicos.

De este modo, la sesión parlamentaria puso de relieve dos desafíos para el Ejecutivo: recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y traducir los compromisos del programa gubernamental en resultados concretos. La oposición, por su parte, situó en el centro del debate las cuestiones relacionadas con la legitimidad electoral y la calidad de la práctica democrática.

Publicado el : 23 de octubre de 2026

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