América Latina refuerza la respuesta militar y policial frente al narcotráfico.

América Latina parece entrar en una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado, marcada por un mayor protagonismo de las fuerzas de seguridad y por políticas más contundentes frente al narcotráfico y los grupos criminales.

Colombia, Chile y Ecuador presentan contextos distintos, pero sus actuales estrategias comparten una tendencia hacia el endurecimiento de la respuesta estatal. En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa mantiene a las Fuerzas Armadas como una pieza fundamental de su ofensiva contra las organizaciones criminales. En Chile, José Antonio Kast defiende medidas más severas frente a la delincuencia organizada, mientras que en Colombia, las propuestas de De la Espriella plantean una lucha frontal contra los grupos armados y las redes vinculadas al narcotráfico.

Analistas consultados por este medio observan en estos planteamientos características propias de las políticas de “mano dura”, entre ellas el aumento de las funciones de las fuerzas policiales y militares y una mayor severidad en la respuesta penal.

Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime, señala que el recurso a este tipo de estrategias no constituye una novedad en América Latina. Lo que marca una diferencia en el escenario actual es el creciente impulso que recibe esta orientación desde Estados Unidos, después de una etapa en la que Washington había dado mayor importancia a cuestiones como la democracia y la protección de los derechos humanos dentro de su política contra el narcotráfico.

Por su parte, el sociólogo e investigador en políticas de drogas Julián Quintero considera que los tres países siguen apostando esencialmente por un enfoque prohibicionista. Según su análisis, sus propuestas no contemplan una regulación de los mercados de drogas y sitúan la respuesta policial, penal y militar en el centro de la estrategia.

El debate sobre la eficacia de la militarización

El endurecimiento de las medidas plantea, sin embargo, una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto el despliegue de la fuerza puede traducirse en una reducción duradera de la criminalidad?

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, considera que la lucha contra las organizaciones criminales debe ir acompañada de un fortalecimiento de la justicia y de las capacidades de investigación. La persecución del dinero procedente de actividades ilícitas, el combate contra la corrupción y el tráfico de armas y la prevención del reclutamiento son, en este sentido, elementos esenciales para desarticular las redes criminales.

McDermott coincide en que una estrategia basada exclusivamente en la militarización presenta importantes limitaciones. El uso de las fuerzas armadas puede contribuir a contener determinadas amenazas, pero difícilmente permite desmantelar por sí solo las estructuras financieras, logísticas y territoriales que sostienen a las organizaciones criminales.

Colombia, Chile y Ecuador avanzan así hacia políticas de seguridad más severas, mientras continúa abierto el debate sobre su eficacia a largo plazo. La principal incógnita es si el aumento de la presencia militar y policial será suficiente o si los gobiernos deberán combinar estas medidas con reformas judiciales, investigación criminal y acciones dirigidas a debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.

Publicado el : 17 de agosto de 2026

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