Críticas al “horario flexible” en la educación superior por sus costes económicos.

Varias organizaciones marroquíes de derechos humanos han expresado su rechazo al denominado “horario flexible” en la educación superior, al considerar que puede limitar el acceso de estudiantes trabajadores y funcionarios a la universidad debido a las tasas económicas asociadas a esta modalidad.

Las entidades reclaman fórmulas de organización más flexibles y gratuitas que permitan a quienes compaginan sus estudios con una actividad laboral continuar su formación y acceder a la investigación científica en condiciones de igualdad.

La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos ya había solicitado al ministro de Educación Superior, Investigación Científica e Innovación, Azzedine El Midaoui, suspender la aplicación de este sistema. A esta posición se han sumado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y el Centro Marroquí de Derechos Humanos, que advierten de sus posibles consecuencias sobre el derecho a la educación.

En declaraciones a un medio marroquí, la presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Souad Brahma, sostuvo que la posición de su organización contra este modelo viene de tiempo atrás y cuestionó que su implantación haya contado con un proceso suficiente de consulta con estudiantes, trabajadores y demás sectores afectados.

Según Brahma, establecer tasas adicionales puede generar nuevas barreras económicas, especialmente para estudiantes con ingresos limitados que se ven obligados a trabajar para poder continuar sus estudios. A su juicio, el hecho de que una persona tenga un empleo no significa necesariamente que disponga de recursos suficientes para asumir los costes de estos programas.

La responsable de la organización también defendió que el acceso al conocimiento debe garantizarse sin discriminación económica y advirtió de que convertir la formación universitaria en un servicio condicionado por la capacidad de pago podría profundizar las desigualdades sociales.

Por su parte, el Centro Marroquí de Derechos Humanos anunció su disposición a participar en una amplia coalición civil y de derechos humanos para respaldar a los estudiantes afectados y estudiar las vías legales disponibles para impugnar las decisiones relacionadas con estas tasas.

Su presidente, Abdelilah El Khadri, afirmó en declaraciones a medios locales que el modelo supone un alejamiento del principio de universidad pública como espacio de formación y producción de conocimiento. También cuestionó que los criterios económicos puedan terminar teniendo un peso mayor que los méritos académicos a la hora de acceder a determinados programas.

El responsable denunció además que los costes de algunos itinerarios, especialmente en los estudios de posgrado, pueden resultar elevados para empleados y funcionarios con ingresos medios o bajos. En su opinión, esta situación podría afectar especialmente a quienes recurren a la formación universitaria para mejorar sus competencias profesionales y sus condiciones sociales.

Las organizaciones de derechos humanos consideran, en definitiva, que cualquier reforma de la educación superior debería preservar los principios de igualdad de oportunidades, acceso al conocimiento y función social de la universidad, evitando que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para continuar los estudios.

Publicado el : 17 de agosto de 2026

---

---

Compartir este artículo