El caso Leire Díez golpea a la Guardia Civil: el PP exige imputar a su directora por presunta colaboración con una trama contra la UCO.

El denominado caso Leire Díez, la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, ha abierto un nuevo y explosivo frente. La cúpula de la Guardia Civil. El Partido Popular, que ejerce la acusación popular unificada en la causa, ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita al juez Pedraz que cite como investigados a la directora general del cuerpo, Mercedes González, a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. Los delitos que se les atribuyen son graves. Prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos y eventual cooperación con organización criminal.

El núcleo de la acusación popular descansa en los testimonios de dos exjefes de la UCO, los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que declararon ante Pedraz que Marcos y Llamas les trasladaron la instrucción de “ponerse de perfil” y “no ser proactivos” en causas con “afectación política”, citando expresamente la investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Respecto a Mercedes González, el PP sostiene que mantuvo al menos tres reuniones presenciales con Leire Díez, la exmilitante socialista en el centro de la trama, y que la UCO, a partir de mensajes interceptados y audios, concluyó que Díez “utilizaba conscientemente su relación con González para impulsar actuaciones administrativas internas dirigidas contra la propia UCO”. La directora, que en el Senado el pasado 16 de junio negó haber participado “jamás” en ninguna trama, incurrió previamente en contradicciones.

Primero negó toda reunión con Díez a través del Ministerio del Interior, y luego reconoció dos encuentros en cafeterías. El juez Pedraz deberá decidir ahora si acepta o rechaza la petición. Si la acepta, la Guardia Civil afrontará una crisis institucional sin precedentes recientes. Si la rechaza, el PP ya ha anunciado que recurrirá.

Publicado el : 2 de julio de 2026

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