«Ceuta: un relato de sospechas y manipulación».

“Antes de entrar en el análisis de este asunto, consideramos necesaria esta precisión editorial. No escribimos en defensa de nadie, ni para justificar actuaciones que deban ser investigadas, sino en defensa de la verdad, del rigor y de la coherencia. Resulta preocupante que algunos sectores políticos, policiales y mediáticos españoles, que con tanta frecuencia se presentan como guardianes de la verdad, el rigor democrático y la profesionalidad, parezcan olvidar esos mismos principios cuando se trata de Marruecos. Este caso no solo plantea interrogantes sobre una investigación policial, sino también sobre la calidad del relato informativo que se está construyendo alrededor de ella. La verdad no tiene nacionalidad ni debería estar sometida a conveniencias políticas.”

Entre la interpretación interesada de unos vídeos, las conclusiones precipitadas y la necesidad de encontrar responsables, la investigación española sobre los acontecimientos del 30 de julio en Ceuta parece estar entrando en un terreno preocupante**

Lo publicado por El País - el 5 de noviembre de 2026 - sobre la investigación de la Audiencia Nacional en torno a los acontecimientos que sacudieron Ceuta el pasado 30 de julio merece algo más que una lectura apresurada. Merece, sobre todo, una reflexión sobre el rigor de las investigaciones policiales, la responsabilidad de los medios de comunicación y la facilidad con la que una hipótesis puede terminar convertida en una acusación.

Según la información publicada, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española ha identificado a dos altos responsables de las fuerzas de seguridad marroquíes que se encontraban en las inmediaciones de la frontera durante aquellos acontecimientos, Mohamed El Oualidi, jefe de la Policía de la Prefectura de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed, supervisor general en Fnideq A partir del análisis de cinco vídeos, seleccionados de un conjunto de 73 grabaciones, los investigadores consideran que su presencia representa la constatación de que en el lugar se encontraba el nivel más alto de la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad marroquí.

Hasta aquí, nada extraordinario. La presencia de responsables policiales de alto rango en una frontera donde se está produciendo una situación de enorme tensión resulta perfectamente comprensible. Incluso cabría esperar que estuvieran allí, precisamente por la gravedad de los acontecimientos y por la responsabilidad institucional que tenían de gestionar una situación que amenazaba con desbordarse. Lo verdaderamente llamativo comienza cuando se pretende convertir esa presencia en una sospecha. El informe policial, según la información publicada, describe la vestimenta de los responsables, sus desplazamientos, sus conversaciones telefónicas, sus gestos y sus encuentros con otras personas. También interpreta determinadas imágenes en las que Mohamed El Oualidi aparece hablando con grupos de personas. Pero ¿desde cuándo caminar por las inmediaciones de una frontera, hablar con ciudadanos o impartir instrucciones a agentes constituye una prueba de participación en una operación destinada a facilitar un cruce masivo?

Hay algo particularmente preocupante en la metodología que se desprende de esta información. Estamos hablando de una investigación de enorme trascendencia política y diplomática que parece apoyarse, al menos en esta parte del informe, en grabaciones difundidas por medios de comunicación locales marroquíes y en publicaciones de redes sociales, entre ellas Facebook. Es decir, materiales cuya procedencia, contexto, integridad y finalidad comunicativa deberían ser objeto de una verificación exhaustiva antes de extraer conclusiones de semejante gravedad.

Aquí aparece otra cuestión fundamental, la interpretación del lenguaje. En una situación de tensión fronteriza, las palabras pronunciadas por un responsable policial pueden tener significados muy diferentes dependiendo del contexto, de a quién se dirigen y de lo que está ocurriendo alrededor. Según el contenido en árabe que recogen los videos mencionados ,las palabras de estos responsables no estaban destinadas a animar a los jóvenes a cruzar la frontera, sino a tranquilizar familiares, explicar que quienes habían atravesado hacia Ceuta regresarían y favorecer la retirada de quienes permanecían en la zona.

Según las grabaciones presentadas como prueba, estamos ante una diferencia sustancial entre supervisar un dispositivo de contención y participar en una supuesta operación para provocar una entrada masiva. Por eso resulta imprescindible conocer las traducciones completas, quién las ha realizado y sobre qué elementos se han construido las interpretaciones policiales. No basta con describir lo que aparece en una pantalla; hay que demostrar qué significa y qué relación tiene con los hechos investigados. Tampoco conviene olvidar que la frontera de Fnideq-Tarajal se convirtió aquel día en el escenario de una situación excepcional. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se concentraron en una zona sometida a una presión humana extraordinaria. La responsabilidad de las autoridades marroquíes era intervenir, contener, organizar y evitar que la situación terminara en una tragedia todavía mayor. Que sus mandos estuvieran presentes no debería sorprender a nadie.

Lo que sí debería sorprender es que, a estas alturas, se pretenda construir una narrativa de participación institucional a partir de imágenes cuya procedencia medios locales en Marruecos, y redes sociales, entre otros Facebook. La Policía española tiene todo el derecho y la obligación de investigar cualquier posible responsabilidad, especialmente si existen indicios de actuaciones que pudieran haber puesto en peligro la seguridad de las personas o la integridad de la frontera. La Audiencia Nacional, por su parte, debe esclarecer los hechos con independencia y rigor. Pero precisamente por la gravedad de las acusaciones, el estándar de exigencia probatoria debe ser mucho más elevado.

No sabemos, a partir de lo publicado, qué información adicional manejan los servicios de inteligencia españoles, incluido el CNI, ni qué otros elementos de investigación existen más allá de estos vídeos. Y sería ridículo afirmar que toda la investigación se reduce a las grabaciones mencionadas. Sin embargo, si estas constituyen una parte central de la argumentación policial, las preguntas sobre su metodología son inevitables.

También corresponde a los medios de comunicación españoles una responsabilidad que no siempre parece estar a la altura de las circunstancias. Informar sobre una investigación judicial no significa asumir automáticamente las interpretaciones de un informe policial, ni presentar una hipótesis como una verdad demostrada. El periodismo debe contrastar, contextualizar y, sobre todo, distinguir entre lo que se sabe, lo que se sospecha y lo que todavía está por demostrar.

En este caso, la utilización reiterada de expresiones como «asalto», «invasión» o «asalto organizado» contribuye a consolidar una determinada lectura política de los acontecimientos antes de que la investigación haya establecido sus conclusiones. No estamos hablando de un episodio menor, estamos hablando de miles de personas, de una tragedia humana, de responsabilidades institucionales y de unas relaciones bilaterales que no pueden quedar sometidas a interpretaciones precipitadas.

Resulta igualmente legítimo preguntarse si, detrás de esta insistencia en buscar una responsabilidad marroquí, no existe también una dificultad para reconocer los propios errores. Porque lo ocurrido en Ceuta no puede explicarse únicamente mirando al otro lado de la frontera. También obliga a examinar la gestión española, los mecanismos de prevención, la coordinación entre administraciones y la capacidad de respuesta ante una situación que terminó desbordando todos los dispositivos previstos.

Convertir a dos responsables policiales marroquíes en protagonistas de una sospecha no resuelve ninguna de esas preguntas.

Lo sucedido merece una investigación seria, no una reconstrucción construida a golpe de imágenes aisladas y titulares sugerentes.

Marruecos merece, como cualquier otro Estado, que las acusaciones dirigidas contra sus instituciones se fundamenten en pruebas y no en interpretaciones interesadas. La cooperación entre España y Marruecos es demasiado importante para permitir que la desconfianza, los prejuicios y las lecturas políticas condicionen el trabajo de quienes tienen la obligación de investigar y de quienes tienen el deber de informar.

Al final, la cuestión no es si dos responsables policiales marroquíes estaban en la frontera aquel día. La cuestión es qué hicieron realmente, qué instrucciones dieron y qué pruebas existen para acusarles gratuitamente. Todo indica, por ahora, que el relato tanto policial como informativo pertenece al terreno de las sospechas. Y una democracia que confunde sospechas con pruebas corre el riesgo de convertir la investigación de la verdad en la fabricación de un relato absurdo.

Publicado el : 7 de noviembre de 2026

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