La «mafia agrícola» italiana pone en el punto de mira a trabajadores marroquíes.

Trabajadores marroquíes caen en las redes de la «mafia agrícola» en Italia

Un reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) revela que la llamada «mafia agrícola» en Italia constituye una red de delincuencia organizada que va mucho más allá de la explotación laboral y del sector agrícola. Sus actividades incluyen el fraude alimentario, la fijación de precios, el robo de tierras, la malversación de fondos públicos y la extorsión, generando unos beneficios estimados en 25.000 millones de euros al año.

El informe, titulado «Explotación bajo la etiqueta Made in Italy: cómo el crimen organizado se ha arraigado en el sector agrícola italiano», señala al sistema conocido como caporalato, basado en intermediarios laborales ilegales que suministran trabajadores a las explotaciones agrícolas y ejercen control sobre ellos, como uno de los principales mecanismos utilizados para obtener beneficios.

Según el documento, este sistema se ha extendido cada vez más fuera de las fronteras italianas y ha adquirido características vinculadas a la trata de seres humanos. Las redes de intermediarios contactan en los países de origen con potenciales trabajadores de Marruecos, Pakistán, India y Bangladesh, a quienes en ocasiones ofrecen falsas promesas de empleo legal a través del Decreto Flussi, el sistema mediante el cual Italia establece anualmente cuotas de entrada de trabajadores procedentes de países extracomunitarios.

Muchos de estos trabajadores llegan a pagar miles de euros en concepto de comisiones, quedando endeudados incluso antes de llegar a Europa.

La organización también recuerda la muerte de cuatro trabajadores agrícolas migrantes, que fallecieron calcinados dentro de un vehículo en una gasolinera de Calabria, en el sur de Italia, a comienzos de junio. El incidente, presuntamente relacionado con una disputa por salarios impagados, volvió a poner el foco internacional sobre la presencia de redes criminales en el sector agrícola italiano.

El informe sostiene que la «mafia agrícola» se ha infiltrado en prácticamente todas las etapas de la cadena de suministro agrícola italiana. En este contexto, el caporalato funciona como un sistema paralelo de gestión de la mano de obra, mediante el cual los intermediarios —algunos de ellos vinculados incluso a empresas legales de contratación o transporte— controlan el acceso de los trabajadores al transporte, la vivienda y la documentación oficial.

Los trabajadores se ven obligados a pagar precios excesivos por el transporte hasta campos alejados y por alojamientos situados en asentamientos precarios. En algunos casos, incluso pueden ser privados de alimentos, agua o de la posibilidad de trabajar. Además, aunque existan contratos oficiales, algunos empleadores declaran únicamente una pequeña parte de las horas trabajadas y pagan el resto «en negro», privando así a los trabajadores de derechos como las cotizaciones para la jubilación y otras prestaciones.

El documento advierte asimismo de que el desequilibrio entre la demanda de mano de obra y las cuotas anuales de trabajadores, unido al limitado control de las autoridades sobre los empleadores y patrocinadores, genera oportunidades para que intermediarios y redes criminales se lucren de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes.

En 2024, las autoridades italianas desmantelaron una red criminal que obligaba a migrantes a pagar hasta 2.000 euros para conseguir supuestas oportunidades laborales. Posteriormente, muchos descubrieron que las empresas que figuraban como empleadoras habían desaparecido o nunca habían tenido intención de contratarlos.

El informe considera que el concepto de «mafia agrícola» sigue estando prácticamente ausente de los marcos políticos de la Unión Europea, que tienden a abordar delitos relacionados —como la trata de personas, la explotación laboral y el fraude— de manera separada, en lugar de analizarlos como partes de un mismo entramado criminal.

La organización reclama a Bruselas que reconozca la «mafia agrícola» como una amenaza específica de la delincuencia organizada, con mecanismos de vigilancia sistemática a través de las fronteras, en lugar de considerarla únicamente como una cuestión secundaria dentro de las políticas contra la trata de seres humanos.

También propone reforzar la aplicación de las normas de debida diligencia empresarial a toda la cadena de producción alimentaria, y no únicamente a los proveedores directos, además de invertir en vivienda digna, transporte subvencionado y asistencia jurídica para reducir las condiciones que permiten que la explotación laboral siga siendo rentable.

Publicado el : 19 de agosto de 2026

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