Colombia: el expresidente, acusado de conceder contratos públicos a cambio de relaciones sexuales.

La justicia colombiana examina las acusaciones contra el exmandatario, señalado por una antigua contratista de haber utilizado su influencia política para establecer supuestos intercambios de carácter sexual a cambio de oportunidades laborales en instituciones públicas.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro se encuentra en el centro de una controversia judicial después de que una mujer lo acusara de haber ofrecido contratos públicos a cambio de mantener relaciones sexuales. La denuncia, que ha provocado una fuerte repercusión política y mediática en el país, ha llevado a las autoridades a examinar posibles irregularidades durante diferentes etapas de su trayectoria política.

La denunciante, identificada como Deicy Jiménez, sostiene que el antiguo jefe de Estado habría utilizado su posición de poder para favorecer contractualmente a mujeres a cambio de mantener encuentros íntimos. Según sus declaraciones, no se trataría de un caso aislado, sino de una práctica que podría haber afectado a varias decenas de mujeres.

Como parte de sus declaraciones, Jiménez difundió un vídeo de carácter íntimo en el que aparece junto a Petro. La grabación ha adquirido relevancia en el debate público, aunque su existencia no demuestra por sí misma que hubiera un intercambio de favores sexuales por contratos estatales.

La mujer también ha vinculado sus acusaciones con su trayectoria como contratista de diferentes organismos públicos. Los documentos disponibles reflejan que obtuvo varios contratos con instituciones del Estado, entre ellas el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. No obstante, la relación entre esas contrataciones y las presuntas exigencias sexuales constituye uno de los aspectos que deberán esclarecer las investigaciones.

La controversia ha llegado a las instancias judiciales colombianas. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía intervienen en las actuaciones destinadas a determinar el alcance de las denuncias y comprobar si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Las pesquisas abarcan, según las informaciones difundidas, tanto el periodo en el que Petro ejerció como parlamentario como los años de su mandato presidencial, entre 2022 y 2026. Este aspecto amplía el alcance del caso, al plantear interrogantes sobre el posible uso de responsabilidades institucionales para obtener beneficios personales.

Por su parte, Petro ha rechazado las acusaciones y niega haber utilizado su influencia política o los recursos del Estado para obtener favores sexuales. El exmandatario considera que las denuncias forman parte de una ofensiva política destinada a perjudicar su reputación y ha defendido su disposición a responder ante las autoridades.

El escándalo también ha tenido repercusiones en su entorno familiar. Sus hijas han pedido evitar los ataques y el hostigamiento contra las personas implicadas, al tiempo que han expresado su confianza en que el expresidente podrá defenderse ante la justicia.

Más allá de la dimensión personal y política del caso, la investigación plantea una cuestión de especial gravedad sobre la utilización de los recursos públicos y las posibles relaciones de abuso de poder. La justicia deberá determinar si existió alguna conexión entre la concesión de contratos estatales y las conductas denunciadas.

Por el momento, las acusaciones no constituyen una prueba de culpabilidad. El desarrollo de las investigaciones será determinante para establecer la veracidad de los testimonios, la naturaleza de las contrataciones y las eventuales responsabilidades penales.

Publicado el : 9 de noviembre de 2026

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